Galicia, Valencia y Cataluña crearán en 2024 el Centro de Innovación y Competencia en Ciberseguridad, que investigará nuevas soluciones de seguridad para su posterior difusión y formación en las mismas.
Cada una de las comunidades centrará su actividad en un área especializada, Valencia se dedicará a la industria conectada y Cataluña a las ciencias de la salud. Galicia liderará las iniciativas de ciberseguridad en el transporte inteligente, y en concreto en drones, transporte marítimo, vehículos conectados y edificios inteligentes. La cuarta línea, la excelencia operativa, será común a las tres comunidades y pretende ampliar y mejorar la industria de la ciberseguridad.
Además, cada comunidad aportará cinco millones de euros al proyecto, que contará con 57,6 millones de la Unión Europea. Los fondos se canalizarán a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).
Este centro conjunto comenzará a funcionar de manera inminente y, por ahora, se ubicará en las oficinas de Gaiástech, en la Cidade da Cultura. Mas adelante se trasladará al Centro de Excelencia de Ciberseguridade de Galicia, situado en San Cibrao das Viñas, que se inaugurará en 2025.
La Amtega explicó que la decisión de presentar un proyecto conjunto con Valencia y Cataluña, que tuvo éxito al estar entre los elegidos por el Gobierno para recibir la financiación comunitaria, es consecuencia del liderazgo de las tres comunidades en ese sector.
En el caso de Galicia, destaca la creación en el 2020 del nodo Ciber.gal, que fue la primera estructura de colaboración público-privada en España en materia de ciberseguridad, aunque ya en el 2018 se había creado el Csirt.gal, un centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad.
Así, Galicia está haciendo un esfuerzo para situarse al frente en un campo estratégico durante las próximas décadas. Además de que se han incrementado los cursos con certificación internacional, también se imparten seis másteres de FP en ciberseguridad y el año que viene está prevista una campaña de concienciación sobre seguridad informática, además de líneas de financiación para que las empresas mejoren sus defensas.
No se trata de un problema menor dado el número de delitos de ese tipo —España es el tercer país del mundo en el que se producen más ciberataques— y su impacto: el 60 % de las firmas atacadas echan el cierre.