Las Administraciones Públicas actúan como responsables y encargadas del tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de muchas de sus funciones del día a día. Cuando se lleva a cabo un tratamiento de datos personales hay que conocer su finalidad y su base jurídica, siendo muy habituales en la administración el cumplimiento de una tarea en interés público, el ejercicio de poder públicos o la obligación legal.
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Son responsabilidades de cada administración:
- Cumplir con los principios de lealtad y licitud de los tratamientos, limitar su finalidad, y minimizar el tratamiento y la retención de los datos en cada caso.
- Implantar un Registro de Actividades de Tratamiento, de acceso público, en el que conste quién trata los datos, qué datos se tratan, con qué finalidad y cuál es la base jurídica.
- Llevar a cabo un Análisis de Riesgos para todos los tratamientos de datos: valorar posibles riesgos y establecer las medidas para aplicar.
- Revisar la adecuación de las medidas de seguridad aplicando el Esquema Nacional de Seguridad, y tener la capacidad de identificar grietas de seguridad y reaccionar ante ellas.
- Nombrar un Delegado de Protección de Datos
- Establecer programas de formación y sensibilización para las personas que forman parte de la propia Administración, de manera que sepan informar a la ciudadanía de manera clara y precisa tanto sobre estos aspectos como sobre el procedimiento para el ejercicio de derechos por parte de los interesados.
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Y RECUERDA que, en la protección de datos, la responsabilidad es de todos y todas.
Porque en la CIBERSEGURIDAD cada clic cuenta.
